REVISAR Y REQUERIR EL MOVIL A UN ALUMNO EN EL COLEGIO: PLANTEAMIENTO Y SOLUCIONES

La revisión del móvil del niño o niña no puede hacerse sin el consentimiento de sus padres o tutores. Por tanto, lo correcto en estos casos será una actuación preventiva, siendo aconsejable que los padres firmaran un documento de asunción de responsabilidad, respecto sus descendientes, en el uso de aparatos móviles, tabletas, ordenadores y cualquier otro dispositivo con acceso a Internet.

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El indicado documento puede, en principio, justificar cierta acción de revisión del colegio. Se tratará de que asuman su responsabilidad en estos usos que hagan sus hijos de estos aparatos y redes sociales en el interior del colegio. En este sentido se deberá especificar que la autorización se da «para que pueda revisar cualquier aparato o soporte con conexión a internet que lleve el hijo y que se pueda utilizar para grabar cuando se detecte que el aparato está encendido sin autorización«. También se autorizará igualmente para «las revisiones ordinarias de los mismos aparatos y soportes con el fin de verificar que no se atenta contra los derechos al honor y la intimidad y a la propia imagen de cualquier miembro del colegio, ni que se ha instalado software alguno que pueda atentar contra la seguridad del centro«.

Ahora bien, un problema distinto es: ¿con qué alcance el colegio puede inmiscuirse en los contenidos de los dispositivos de sus alumnos? El consentimiento prestado por los padres se limita a prevenir un uso, que está prohibido, y por tanto a impedir dicho uso.

Parece que las comunicaciones no pueden ser interceptadas por terceros. Respecto las comunicaciones de menores de edad, parece que los progenitores no pueden comprobarlas. Es un tema sensible y de derechos fundamentales. Así mismo, parece que el consentimiento prestado por menores de edad, en lo atinente a la limitación o negación de sus derechos fundamentales, no es suficiente para determinadas acciones de revisión del colegio —por ejemplo, con la finalidad de descubrir, a través de la inspección de las comunicaciones de los alumnos, el responsable de unos daños sufridos por el colegio o en su profesorado—. Por último, parece que es dudoso que los padres puedan autorizar al colegio, respecto una actuación que ni ellos mismos pueden llevar a cabo —nadie da, lo que no tiene, esto es, nadie puede autorizar a otro, a hacer aquello a lo que no está autorizado—.

Lo más razonable, en efecto, es hablar el centro educativo con los padres, los padres con el alumno, consensuar una estrategia en la que pueda hacerse pedagogía a la vez que se aceptan las responsabilidades que corresponda. Por eso, en ocasiones será mejor que el colegio hable antes con los padres, y que sólo de manera subsidiaria utilice este consentimiento previo y general para invadir la intimidad de los menores en búsqueda o protección, por ejemplo, de otro menor, del profesorado o del centro.

El problema es que a veces los menores se intercambian todo tipo de vídeos o se acosa a un menor con amenazas, con imágenes degradantes o respecto de las cuales se tiene temor a que sean vistas por terceros, etc., y nos encontramos en que el centro debe tomar medidas ante dichas situaciones y se produce una situación de urgencia. El centro debe velar por la protección de los derechos de todos los menores y en estas especiales circunstancias podría actuar sin el consentimiento de los padres. Respecto los padres que no den el consentimiento, el centro no podrá revisar los aparatos de sus hijos, porque en el caso se hiciera los padres podrían denunciar dicha actuación a la Agencia de Protección de Datos e incluso a las autoridades judiciales penales.

En este sentido pueden darse en un centro educativo con alumnos de ESO situaciones en las que un profesor necesita requisar un móvil, o incluso, en otras ocasiones necesita revisar un móvil de un alumno para encontrar una prueba o ayudar a un alumno que está siendo acosado por ciberbulling. El problema es si puede o no puede hacerlo el centro y cómo tendrá que proceder para realizarlo en su caso.

Esta cuestión sobre la legalidad de estas actuaciones comienza a darse de forma más generalizada a partir de la irrupción masiva de todo tipo de dispositivos o aparatos con conexión a internet y debemos esperar que en el centro exista una correcta reacción o más si cabe, un protocolo de actuación.

Esta es una situación de base que habría que intentar evitar —tener que elegir entre intereses y derechos en pugna, entre la urgencia y las garantías institucionales, entre la eficacia y la pulcritud de la actuación, y tener que ponderar en cada caso de qué manera procede operar—, siendo útil y legal la medida, en efecto, sobre todo cuando el centro dispone de autorizaciones respecto todos sus alumnos.

En conclusión, recomendamos pedir dicha autorización o consentimiento a los padres a principio de curso por si durante el transcurso del curso hubiere algún problema de este u otro tipo relacionado. El uso adecuado de esta autorización supondrá la salvaguarda de los derechos de todos y en favor de todos y el que no exista una exclusión de privacidad en el centro o que ésta se haga a criterio solamente del mismo centro.

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