¿Cuál es la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles en un procedimiento concursal?

Si hay un asunto que preocupa hoy en día a los administradores de las sociedades mercantiles es su responsabilidad patrimonial ante socios, acreedores y organismos públicos (Hacienda, Seguridad Social, etc.). La situación de crisis actual ha llevado a muchas empresas a “sobrevivir” en el límite de sus capacidades económicas. Los pagos se atrasan, la morosidad se incrementa, y la situación laboral normalmente es complicada, al producirse impagos salariales, reducciones salariales, despidos etc. En esta situación, es relativamente fácil incurrir en situaciones que o bordean o entran de lleno en los parámetros que exige la legislación para disolver la compañía o presentar un concurso de acreedores, y estas decisiones corresponden a los administradores sociales. Cuando el administrador social no toma estas decisiones cuando debería hacerlo entra en situación de responsabilidad personal por las deudas sociales.

sociedades mercantilesEs de sumo interés la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 20 Jun. 2013, rec. 302/2011), que nos clarifica algunas cuestiones de relevancia sobre esta cuestión.

Un asunto importante en la responsabilidad de los administradores es determinar en qué momento pueden ser demandados.Así con la primera redacción de la vigente Ley Concursal, la jurisprudencia admitía la compatibilidad del propio proceso concursal con la interposición de demandas de responsabilidad civil contra los administradores. Con la Ley 38/2011, de 10 de octubre se establece que los jueces no admitirán demandas contra los administradores hasta que haya concluido el concurso, así lo indica la Sentencia mencionada del siguiente modo:

La Ley 22/2003, de 9 de julio (LA LEY 1181/2003), en la redacción anterior a la que le dio la Ley 38/2011, de 10 de octubre (LA LEY 19112/2011), no establecía expresamente un sistema de coordinación y, menos, una incompatibilidad entre la tramitación del concurso de la sociedad deudora y el ejercicio por sus acreedores de acciones de cumplimiento de obligaciones sociales, dirigidas contra los administradores por el incumplimiento de los deberes que a los mismos venían impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución de la sociedad.

Es más, el artículo 48, apartado 2, a propósito de la acción social de responsabilidad, partió de la compatibilidad, al establecer que, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus administradores, auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores concursales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios – si bien dispuso que correspondería al juez del concurso la competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior – . Además, precisó que la formación de la sección de calificación no afectaría a las acciones de responsabilidad que ya se hubieran ejercitado .

Ante ese relativo silencio sobre la coordinación entre otras responsabilidades societarias de los administradores de la sociedad deudora y las propiamente concursales, el Tribunal de apelación entendió, correctamente, que, pese a que el crédito de la cooperativa demandante era concursal, resultaba admisible la estimación de la pretensión de condena, deducida, contra el presidente y uno de los miembros del consejo de administración de Unión de Industrias Torrefactoreras Españolas, SA, la deudora, ante el Juez del concurso con posterioridad a la declaración del mismo, por tener dicha condena por sujeto pasivo a una persona distinta de la concursada.

No obstante, tras su reforma por Ley 38/2011, de 10 de octubre (LA LEY 19112/2011), la Ley concursal ha dado un tratamiento diferente a la cuestión que se plantea en el motivo. En efecto, en el preámbulo de aquella Ley se señala que la misma pretende precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso y, en primer lugar, ” la regulación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles durante el concurso, tratando de armonizar los diferentes sistemas de responsabilidad de administradores que pueden convivir durante su tramitación “.

Y, en ejecución de ese designio, dispone el vigente apartado 2 del artículo 50 de la Ley 22/2003 que los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución y que, de admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del apartado anterior – esto es, el archivo de todo lo actuado y la invalidez de las actuaciones que se hubieran practicado -. Y el artículo 51 bis – contemplando un supuesto igual que el planteado – que, declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados antes de la declaración, en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución.

 

Por otra parte, la Sentencia reitera la doctrina de la responsabilidad objetiva cuando se dan determinados supuestos, además de señalar que los administradores no pueden ampararse en las actuaciones de terceros para eludir su propia responsabilidad:

Respecto de la culpabilidad, en cuya negación se apoya el motivo, la sentencia 124/2010, de 12 marzo (LA LEY 6866/2010) , estableció que la norma de que se trata no exige la concurrencia de más negligencia que la consistente en omitir el deber de promover la liquidación de la sociedad mediante convocatoria de la Junta o de solicitar que se convoque judicialmente cuando sea el caso – ahora también mediante solicitud de la declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo -.No se exige, pues, una negligencia distinta de la prevista en la Ley de Sociedades Anónimas (LA LEY 3308/1989).

Tampoco es menester que se demuestre la existencia de una relación de causalidad entre el daño y el comportamiento del administrador, sino que la imputación objetiva a éste de la responsabilidad por las deudas de la sociedad se realiza ” ope legis “ (esto es, por ministerio de la ley).
(…)
Es por lo tanto procedente desestimar el recurso contra la sentencia que ha declarado la consecuencia legalmente prevista para el mencionado incumplimiento. Esto es, la afirmación de una responsabilidad por deuda ajena ” ex lege ” – sentencia 228/2008, de 25 de marzo – (LA LEY 128425/2008), cuya finalidad es la de proporcionar confianza al tráfico mercantil y robustecer la seguridad de las transacciones comerciales, cuando intervienen personas jurídicas mercantiles sin responsabilidad personal de los socios, evitando la perdurabilidad en el tiempo de situaciones de crisis o graves disfunciones sociales con perturbación para otros agentes ajenos, y la economía en general.

 

Una de las causas más frecuentes de las que se deriva la responsabilidad de los administradores es la referida a que el capital social haya quedado reducido por debajo de su mitad, sin que se produzca una convocatoria de Junta para proceder a la liquidación social o ampliación de capital. Esta circunstancia suele ponerse de manifiesto al cierre del ejercicio y se hace patente para terceros desde que se presentan las cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil. Por todo ello es muy recomendable que los administradores realicen un análisis de su situación contable antes de proceder al cierre de los ejercicios y de este modo poder adoptar las medidas necesarias.

 

“A veces se gana, y a veces… se aprende.”– Robert Kiyosaki

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